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Uruguay otorga licencias para producir marihuana

A fines de 2.013, durante la presidencia de José Mujica, Uruguay aprobó una ley de regulación del cannabis. Es una ley inédita presentada como “experimento”, por ser única en el mundo. Esta ley, entre otras disposiciones, habilita al estado a otorgar licencias para producir marihuana.

En octubre de este año, esas licencias fueron otorgadas a dos empresas previamente seleccionadas a través de una licitación.

La variedad a plantar es “cannabis charrúa”, genéticamente original de Uruguay y cuyo nombre hace alusión a los antiguos habitantes de la región.

La producción autorizada es de dos toneladas para cada empresa, cantidad que se ampliaría en el futuro otorgando nuevas licencias o agrandando el cupo a las empresas seleccionadas, hasta llegar a satisfacer la demanda del mercado uruguayo, estimada en alrededor de 160.000 consumidores frecuentes, con un consumo de entre 6 a 10 toneladas mensuales.

Las plantaciones serán custodiadas, por un lado, por policías. Y, por otro lado, las empresas deberán proporcionar seguridad adicional a fin de evitar cualquier filtración.

El gobierno tiene también en cuenta, y como medida de seguridad adicional, que al ser una variedad original permite la trazabilidad de la droga, pudiendo detectarla fácilmente y hacer el seguimiento de la misma.

La comercialización se llevará a cabo a través de farmacias que poseerán un registro de consumidores con un cupo de hasta 40 gramos mensuales a cada uno, o sea 10 gramos semanales por consumidor.

El precio a pagar oscila entre 1,20 y 1,40 dólares el gramo, y quien compre deberá estar registrado, siendo requisito indispensable para ello que sea uruguayo o que haya residido dos años en el país. Se descarta así la posibilidad del turismo cannábico.

Aunque este plan no tiene por objetivo incrementar los recursos del estado, se ha programado que el gobierno cobre entre un 10 y un 13 por ciento de la recaudación de las farmacias, y también embolsará el monto que se obtenga por la concesión de las licitaciones a las empresas productoras.

La ley para la legalidad del cannabis prevé, además de la producción estatal, dos formas adicionales de acceso legal a la droga: el auto cultivo y los clubes cannábicos.

El auto cultivo consiste en el cultivo de estas plantas para consumo personal. Se aprueba un máximo de seis plantas por persona, que tienen la obligación de registrarse en esta categoría para facilitar el control gubernamental. En la actualidad el registro cuenta con 3.100 cultivadores domésticos ya empadronados.

Los clubes cannábicos son agrupaciones de personas organizados en forma de cooperativas que efectúan la producción y la reparten entre sus miembros previamente registrados. En este caso, la ley autoriza un máximo de 99 plantas por cada agrupación.

Hay en la actualidad 15 clubes que están en proceso de lograr su habilitación, siendo hasta el momento sólo dos los habilitados.

La ley persigue un fin bien claro: se pretende que quien consuma no acuda para ello a puntos de venta del narcotráfico, sino que deba ir a una farmacia y adquirir un producto confiable, accesible, seguro y con precio establecido y determinado previamente.

Serían consumidores que ingresan a un mercado legal, debilitando el narcotráfico con quien se aspira, a largo plazo, lograr aniquilar.

En conclusión

Para finalizar, cabe destacar que este sistema aporta además beneficios adicionales, como es el uso medicinal de cannabis (para lo cual ya se están formando médicos que la recetarán en sus indicaciones) y el cultivo de cáñamo industrial, que podría ser una nueva industria en el país por sus aplicaciones en el sector de indumentaria y de la construcción.

Este modelo de regulación es inédito, está a prueba y por lo tanto sujeto a modificaciones y ajustes de acuerdo a la marcha y a los resultados que se vayan logrando. Todos estaremos atentos.

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